El Gobierno y el PSOE sigue su camino hacia la economía ultraliberal, el ataque a los derechos de los trabajadores y el desmantelamiento del sector público. El Decretazo publicado ayer día 24 de mayo incluía, por sorpresa, una medida que ni se había anunciado ni se conocía: prohibir a todos los ayuntamientos la posibilidad de solicitar créditos para financiar las inversiones desde hoy mismo hasta el año 2012.
La medida es injusta, injustificada y muy perjudicial para los ayuntamientos y sus ciudadanos, ya que podría provocar una paralización muy importante en la ejecución de obras, la generación de empleos y la creación de infraestructuras locales; y, muy posiblemente, la elevación de tasas e impuestos municipales.


Los Ayuntamientos, entidades más cercanas al ciudadano que están viendo cómo aumentan sus obligaciones al tiempo que se reducen las aportaciones de otras instituciones, pueden resultar tocados peligrosamente. Además esta medida perjudicaría por igual a los Ayuntamientos que han gestionado bien su economía que a los que han malgastado el dinero público.
Un día después el gobierno ha rectificado y, usando la excusa de la corrección de errores (algo que en este caso es ridículo), ha dejado la prohibición para el año 2011. Para esa fecha las elecciones municipales estarán al llegar e importarán menos los créditos que los votos. Sin embargo los efectos negativos son los mismos, sólo que se retrasan unos meses.

Todo un ejemplo de nuevo ataque al sector público (que se verá nuevamente asediado por nuevas pretensiones de privatización de servicios), de improvisación, de falta de planificación y, sobre todo, de falta de un planteamiento de izquierdas para buscar la salida a la crisis.

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